El 30 de junio pasado, la Contraloría General de Venezuela anunció una inhabilitación política por 15 años, contados desde el 2015, contra María Corina Machado, que trata de dejarla fuera del proceso electoral que busca formalizar una candidatura presidencial en representación de algunos grupos de oposición para las elecciones del 2024. Cuatro días antes, la Comisión Nacional de Primarias había formalizado la aceptación de 14 candidaturas.
Según la Contraloría, la inhabilitación para ejercer cargos de elección popular en el país se da por “omisiones en declaraciones de patrimonio”, y por su supuesta participación en una ‘trama de corrupción’ orquestada por Juan Guaidó y su culpabilidad por esto de que 4.000 millones de dólares venezolanos estén “secuestrados en el sistema bancario internacional”, en lo que la Contraloría considera un “bloqueo criminal y despojo descarado” de bienes de la Nación.
No es la primera vez que María Corina tiene una inhabilitación política. En el 2015 la Contraloría la había ya sancionado por un año, por lo que no pudo presentarse para las elecciones parlamentarias. Es la segunda vez, entonces, que se le viola el derecho a ser elegida, que es un derecho político fundamental. Según las encuestas, María Corina es una de las candidatas con más opción a ganar las primarias.
Existen antecedentes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, según los cuales se ha decidido que “es violación grave de derechos humanos políticos si una autoridad administrativa, y no un juez mediante el debido procedimiento judicial, inhabilita políticamente a un ciudadano o ciudadana” (Caso Petro Urrego Vs. Colombia, sentencia Corte Interamericana, 2020).
Cientos de voces se han levantado en contra de la decisión, incluyendo representantes del Parlamento Europeo, gobiernos de la región, la Organización de Estados Americanos -OEA-, organizaciones defensoras de la democracia y los derechos humanos en el mundo, la Plataforma Unitaria, que reúne a la oposición venezolana, y varios partidos opositores.
Por lo anterior, desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad):
• Rechazamos cualquier injerencia indebida que busque obstaculizar el desarrollo libre y democrático de las elecciones en Venezuela. Debe respetarse el derecho a la ciudadanía venezolana a elegir a sus representantes y el de María Corina Machado a ser elegida en un proceso electoral legítimo.
• Exigimos a la Contraloría General de Venezuela a ejercer la labor que le compete, pues los órganos de contraloría, no están autorizados para realizar inhabilitaciones políticas a la ciudadanía. Por lo tanto, la sanción contra María Corina Machado, así como cualquier otro intento de afectar las elecciones desde ese poder público, deben ser anulados de forma inmediata.
• Así mismo, exigimos al régimen Maduro que se tomen medidas urgentes para que El Consejo Nacional Electoral ejerza sus funciones de forma independiente y garantice un proceso electoral justo y libre.
