El siguiente artículo está basado en el informe que alimentó la plataforma Monitor de CIVICUS para el periodo de febrero 8 de 2020 hasta el 2 de abril de 2020. Con este artículo se busca hacer un seguimiento a la situación de la libertad de asociación, manifestación pacífica y expresión en Cuba desde las denuncias echas por la sociedad civil en este país.
Cada vez son más las personas a las que se les prohíbe viajar dentro y fuera de Cuba. El 6 de marzo, se celebró en Haití la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de mujeres, jóvenes y activistas en Cuba, donde iba a participar un grupo de seis jóvenes que residen en Cuba pero a quienes se les negó el derecho a viajar sin recibir ninguna explicación de esta decisión.
A pesar de lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil que participaron lograron denunciar el empeoramiento de los sistemas de persecución y acoso contra activistas y sus familias en la isla. El mismo día las autoridades cubanas le prohibieron al abogado Julio Ferrer Tamayo viajar a Buenos Aires, Argentina donde Ferrer había sido invitado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) para participar en un foro sobre la libertad de asociación. Ferrer entregó la documentación adecuada para poder salir del país pero las autoridades le informaron que no podía viajar. El activista preguntó por los motivos de la prohibición de salida, pero no recibió ninguna explicación. Esta no es la primera vez que el abogado tiene prohibido abandonar el país; en noviembre del año pasado tuvo el mismo problema sin recibir ninguna respuesta. Hasta la fecha la lista contiene más de 200 activistas que han sido “regulados”, un término utilizado para referirse a los ciudadanos a los que se les viola el derecho de entrar y salir libremente del país.
Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil continúan denunciando los ataques por parte de las fuerzas represivas del Estado. Se les han violado su libertad de asociarse y de manifestarse pacíficamente. El primer caso es el expuesto por los integrantes de la organización Damas de Blanco. El 28 de marzo, el activista Ángel Moya denunció que del 2015 al 30 de marzo del presente año, hubo 215 arrestos arbitrarios de personas miembros de este movimiento, además de los múltiples enfrentamientos contra las fuerzas del Estado. Las personas miembro de Damas de Blanco denunciaron a través de una publicación de Facebook que el régimen cubano ha utilizado más de 20 métodos represivos contra esta organización para desalentarlos y con el fin de dividir la organización. El segundo caso de represión ocurrió el 12 de marzo cuando más de cien personas en Santa Clara, provincia de Villa Clara, salieron a las calles para realizar una de las protestas más concurridas en los últimos años en la isla. La gente protestó frente a la sede del Partido Comunista, alegando que su actividad económica ha sido afectada por medidas dirigidas por el sector privado, las cuales han incluido regulaciones que afectan la venta de combustibles y los precios de los bienes. A pesar de que no hubo ataques durante la protesta, la prensa oficial calificó esta demostración como una incitación al desorden y también aseguró que este tipo de acciones colectivas nunca tendrían éxito en el territorio cubano.
La isla tampoco se ha quedado atrás en materia de medidas tomadas para contrarrestar la pandemia del COVID-19 y la relación de estas con la violación de derechos humanos. El 26 de marzo, la policía roció con gas pimienta a las personas que protestaban por la escasez de alimentos y las medidas tomadas por el régimen cubano de aislamiento obligatorio. La gente se reunió en La Habana para dar a conocer su rechazo contra estas respuestas al COVID-19 debido a que cada vez era más difícil comprar productos básicos para poder cumplir con su aislamiento social. Además según la población es muy común que las personas tengan que hacer largas colas y enfrentar el acaparamiento.
Los medios de comunicación y activistas han seguido siendo unas de las principales víctimas de la represión del régimen cubano. Una multiplicidad de casos han sido denunciados, el primero ocurrió el 1 de marzo, cuando el gobierno cubano encarceló por tercera vez en el año al artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara, cuando este se preparaba para salir a una manifestación liderada por el colectivo LGBTQ, que se iba a realizar frente al Instituto de Radio y Televisión. Querían demostrar su rechazo a la censura de una escena de una película. Cabe resaltar que desde 2012 la seguridad del Estado ha acosado, arrestado arbitrariamente y publicado acusaciones de Otero en donde lo tildan de terrorista y fundamentalista islámico, intimidando y desacreditando al artista frente a la comunidad cubana. El artista cubano fue acusado de insultar símbolos patrios y por daños a la propiedad. Finalmente, el 13 de marzo, Otero Alcántara fue liberado, pero la presidente del Tribunal Popular Municipal de La Habana Vieja declaró que el juicio contra Luis Manuel Otero sigue en curso y está a la espera de un juicio oral.
El segundo caso se presentó el 27 de marzo, cuando la seguridad del Estado citó al reportero del Diario de Cuba Yoe Suárez y la reportera de Cubanet Camila Acosta, quien también fue multada con 3.000 CUP por presuntamente violar el Decreto 370 que regula el uso de Internet en Cuba. Acosta fue multada por criticar al gobierno y publicar artículos de la prensa independiente en las redes sociales. Por otro lado, el periodista Yoe Suárez declaró que los agentes de policía lo interrogaron y en medio de ese proceso lo amenazaron también le exigieron que abandonara el periodismo independiente. Es importante destacar que el Decreto 370 ha sido utilizado por el Gobierno en múltiples ocasiones para reprimir y restringir la libertad de prensa y de acceso a la información dado que en este decreto se establece un amplio control del gobierno sobre Internet, además de incluir varias sanciones como multas, confiscación del equipo y herramientas utilizadas para acceder y difundir la información.
Por último, se denuncia el tercer caso sucedido el 17 de marzo, la CIDH expresó su preocupación por la situación de los periodistas, artistas y activistas independientes en Cuba y también denunció los actos de represión que el régimen ha cometido en los últimos meses contra la sociedad civil. La Relatoría Especial condenó el hecho de que el Estado cubano ha utilizado el derecho penal para perseguir a quienes expresan opiniones, información o críticas a las autoridades o políticas gubernamentales. El informe también enfatizó que los agentes estatales son la principal fuente de amenazas y ataques contra la prensa en el país, situación que debería ser sancionada. Finalmente, la Relatoría Especial y la CIDH le recomendaron al Estado a poner fin al hostigamiento, incluidas aquellas citaciones judiciales, las detenciones y el hostigamiento judicial hacia cualquier persona por razones relacionadas con el ejercicio de su libertad de expresión.