Foto: a Policía de Nicaragua antees de decomisar equipos en la redacción de la revista Confidencial, este jueves en Managua – Carlos Herrera

Durante este jueves, 20 de mayo, el régimen autoritario de Daniel Ortega ataca nuevamente los principios fundamentales de la democracia. Por un lado, a través de su Ministerio de Gobernación, abrió una investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y cita en un plazo absurdo de 36 minutos a la directora de la Fundación y precandidata a la presidencia de Nicaragua, Cristiana Chamorro Barrios. A la Fundación Violeta Barrios de Chamorro se le investiga por indicios de supuesto lavado de dinero en el período de 2015 – 2019. De prosperar la investigación y pasar a una acusación penal, esto inhabilitaría a Chamorro para competir en las próximas elecciones del 7 de noviembre, cuando el presidente Daniel Ortega pretende renovar su período por quinta vez, después de 15 años en el poder, convirtiéndose en una maniobra de fraude electoral previo garantizando poca o nula competencia en los comicios como demanda cualquier elección democrática. 

Ha sido denunciado en varias ocasiones por la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, espacio que aglutina a más de 100 organizaciones sin fines de lucro en todo el país, que el Ministerio de Gobernación pone obstáculos o se niega a recibir los estados financieros de las organizaciones o establece procesos burocráticos y sin fin que les impide, desde hace 7 años a las organizaciones, obtener sus constancias de cumplimiento, año con año. Todo lo anterior, es usado como para luego establecer procesos incriminatorios contra las organizaciones, como el que se pretende montar a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. 

Asimismo, el régimen de Ortega envió a grupos de asalto de la policía a allanar las instalaciones de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y del medio digital “Confidencial”, dirigido por Carlos Fernando Chamorro, hermano de la precandidata presidencial.  En el proceso detuvieron a dos periodistas, incluyendo a un colaborador de este diario. Es la segunda vez que este medio es allanado ilegalmente, siendo la primera vez también objeto de confiscación, a finales de 2018.

En el mismo edificio donde está “Confidencial” se encontraba el periodista de AFP, Luis Sequeira, quien fue retenido y requisado. Al corresponsal de la agencia de prensa internacional le fue arrebatado su celular y le fueron borrados todos sus contactos. Ambos actos no solo violan la libertad de asociación y la libertad de prensa, viola el respeto a la propiedad privada, ya que los edificios allanados no son de exclusivo uso de la Fundación ni de los medios de comunicación.

Todo lo anterior constituye una violación flagrante a la libertad de prensa y a los derechos políticos de los ciudadanos en mención y, asimismo, una amenaza latente contra cualquier persona que se atreva a ser crítica y oposición al gobierno de Daniel Ortega. 

Estas acciones se suman a la cancelación de dos personalidades jurídicas de partidos políticos opositores en esta semana, el constante asedio a opositores y más de 100 presos políticos denunciados por organizaciones de Derechos Humanos.

Desde la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia (Redlad):

• Exigimos al gobierno de Daniel Ortega respetar los principios de debido proceso y de los sistemas democráticos en el caso de Cristiana Chamorro. 
• Instamos a la comunidad internacional condenar las violaciones a los principios de la democracia y la libertad de prensa en Nicaragua. 
• Hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a su Relatoría para la Libertad de Prensa y a toda la sociedad civil del continente a denunciar y solidarizarse con la actual situación que vive ciudadanía en general, la oposición y la prensa en Nicaragua.

La democracia en este países centroamericano lleva años en crisis y siendo golpeada por el mismo gobierno y sus aliados políticos. La ciudadanía nicaragüense día a día está sometida a una constante y sistemática violación de sus derechos humanos. Es deber de la sociedad civil del continente y de los organismos multilaterales interamericanos y mundiales exigir la recomposición del sistema político.