Señoras y señores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Estados miembros; una vez más nos encontramos en una edición de la Asamblea General, como Foro Ciudadano de las Américas, plataforma de diálogo, intercambio e incidencia de la sociedad civil, esta es nuestra séptima participación.
Desafortunadamente, vemos que las preocupaciones y recomendaciones que año a año traemos siguen siendo casi las mismas. Algunas han ido cambiando, pero no porque exista una mejora sustancial en los temas, sino porque han ido agravándose. Esto, en algún punto nos desanima, pero sabemos que no podemos bajar la guardia y que nuestro papel como sociedad civil es y seguirá siendo fundamental para la construcción y el fortalecimiento de la democracia y la defensa y promoción de los derechos humanos.
Reconocemos que hay voluntad de muchos actores y agentes sociales y políticos acá presentes, pero también tenemos que señalar que hay poca o nula de muchos otros. Es nuestro deber seguir exigiendo que los compromisos que cada uno de los Estados adquiere con la ciudadanía se cumplan. Ese, y no otro, es uno de nuestros principales roles como sociedad civil.
Sabemos que la colaboración y el trabajo colectivo son esenciales para avanzar en los propósitos que han sido consignados de manera reiterada en resoluciones, compromisos y mandatos y, por lo mismo, exhortamos una vez más a que cada uno de ustedes, nosotros y nosotras mostremos voluntad de trabajo y de acciones concretas en los siguientes seis temas:
- Vulneración de los derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho
- Lucha contra la corrupción
- Participación e incidencia en la era digital
- Violencias basadas en género
- Crisis migratoria
- Crisis ambiental y climática
Estas constituyen nuestras principales preocupaciones tanto a nivel hemisférico como en escenarios nacionales del Foro Ciudadano. Cada uno de estos asuntos se agravan con el tiempo, en especial las dos primeras que se encuentran muy relacionadas con el tema central de la Asamblea General de este año denominado “Fortalecimiento de una cultura de responsabilidad democrática con promoción, protección e igualdad de los derechos humanos en las Américas”, que en realidad es muy similar desde que participamos en este evento hemisférico, lo que significa que todos y todas estamos conscientes de que nuestra región sigue sin superar o, por lo menos, sin encontrar el camino de las soluciones certeras.
La vulneración de los derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho es una constante en la región. Cada uno de nuestros países atraviesa este problema de maneras distintas, pero queremos poner de manifiesto que, por supuesto, nos siguen preocupando las situaciones de Cuba, Venezuela y Nicaragua; tres países donde la democracia y los derechos humanos están en cuidados intensivos o es inexistente y, por lo tanto, la acción de la sociedad civil está absolutamente reprimida.
Sin embargo, en el último año se han sumado a dicho debilitamiento y vulneración El Salvador, Guatemala y Perú; asimismo, es necesario resaltar las crisis políticas, económicas y/o de gobernabilidad por las que atraviesan Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y México.
Por tanto, hacemos un llamado de acción en este punto para:
- Garantizar la protección de actores que lideran procesos sociales y luchan por la defensa de los derechos humanos, por la democracia y por una cultura de transparencia.
- Promover acciones conjuntas con los gobiernos, para reivindicar un espacio cívico abierto, revirtiendo la estigmatización y la persecución.
- Reconocer el derecho de la sociedad civil a hacer uso de la protesta pacífica, repudiando cualquier acto de violencia que ponga en peligro las vidas de quienes toman las calles, en especial las de las personas jóvenes y de las niñas y los niños.
- Garantizar los principios democráticos para la realización de elecciones libres y justas en toda la región. La región debe presionar a los países con tendencias autoritarias, antidemocráticas y dictatoriales para que garanticen los derechos humanos de toda su población y la participación y representación de los grupos más vulnerables.
- Legislar y construir políticas públicas que incluyan a los grupos poblacionales históricamente subrepresentados políticamente, entre ellos a las mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, grupos religiosos minoritarios y personas LGBTIQ+.
Respecto a la lucha contra la corrupción, más allá de los avances normativos, es necesario que se implementen acciones y se alcancen resultados sostenibles, reconociendo las características estructurales y sistémicas de este fenómeno, fomentando la cooperación. Es vital que se tenga claro el vínculo entre derechos humanos y corrupción, entendiendo las implicaciones reales sobre toda la población y grupos específicos, ya que existen impactos diferenciados al respecto.
Es fundamental transversalizar la perspectiva de género y diversidad en la lucha contra la corrupción, con compromisos concretos en convenios y acuerdos internacionales, reconociendo que la desigualdad estructural es una de las causas principales de este problema social, tal como ha quedado consignado en los distintos informes publicados por el Observatorio Ciudadano de Corrupción.
Es imperativo y de particular atención los temas que impactan los derechos humanos de las mujeres, los estados deben asegurar políticas y mecanismos concretos y prioritarios para enfrentar las violencias contra las mujeres en razón del género y el incremento abrumador de los casos de femicidios.
Existe la necesidad apremiante de velar por el cumplimiento de los derechos y mayores oportunidades de las personas jóvenes en Latinoamérica, así como las situaciones de violencia a las que se enfrentan, ya que igual es una parte de la población vulnerable pero que está muy presente en las luchas contra las violaciones a los DDHH en general.
Exhortamos también a la OEA y a los gobiernos de los Estados miembros a tomar acciones urgentes en los puntos mencionados, especialmente a la hora de abordar la crisis migratoria que ya afecta a todo el hemisferio, causada precisamente por la vulneración de los derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho, de los cuales hemos hecho mención.
