La corrupción como violación de los derechos humanos de las mujeres

Foto: Ryan Brown (ONU Mujeres)

Por: Patricia Gálvez* y María Eugenia Rojas**

Acabar con la corrupción y defender los derechos humanos son dos ejes de acción que, históricamente, han sido abordados de manera independiente; mientras se entiende la corrupción desde la ética de la función pública y desde la perspectiva de la justicia penal, los derechos humanos son temas relacionados con los tratados internacionales que aseguran el deber del Estado en tanto garante de los mismos.

La ética no es una abstracción, cada acto que uno hace obra directamente o indirectamente sobre una vida, “nunca se roba algo… se le roba a alguien”, en el caso que nos reúne se roba a las mujeres, en consecuencia, cada acto de corrupción significa que alguna de nosotras ha sufrido menoscabo.  Como lo indica el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las prácticas corruptas tienen un impacto directo en las personas pues desvían fondos para el desarrollo y suponen, por consiguiente, una reasignación de recursos que puede interferir con el respeto de los derechos humanos, en especial de las personas más vulnerables.

La corrupción es un problema extendido por todo el mundo, presente en casi todos los sectores de la vida pública y privada que influye en la toma de decisiones, provocando una serie de consecuencias adversas que por lo general afectan a los sectores de la pobla­ción con mayores desventajas.  El costo de la corrupción es enorme para la sociedad. Según el informe de 2017 de Global Financial Integrity se estima que, solo en 2014, las corrientes financieras ilícitas oscilaron entre US$ 1,4 y US$ 2,5 billones. El Foro Económico Mundial estima que el costo actual de la corrupción equivale a más del 5% del PIB mundial (US$ 2,6 billones).

Las cifras nos hablan de datos, de números, pero lo que nos preocupa es que cada día es más evidente la relación que existe entre la lucha contra la corrupción y la que llevamos adelante las mujeres a favor de nuestros derechos humanos, ya que sufrimos el impacto negativo que tiene la corrupción sobre nuestros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Nuestras regiones están plagadas de hechos de corrupción que ponen en evidencia la necesidad de analizar la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos: apuntar a las consecuencias estructurales que tiene el fenómeno en la garantía real de derechos como la salud, la educación, el acceso a la justicia y las libertades individuales más básicas de las mujeres, que en la gestión de los estados se concretan en las políticas públicas.

En lo referente a los efectos diferenciados de la corrupción es posible identificar que las mujeres son altamente vulnerables a sufrir conse­cuencias derivadas, en delitos como el feminicidio, la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, y otras transgresiones cometidos mayormen­te contra las mujeres, la impunidad tiende a ser mayor e incluso se le otorga un menor nivel de importancia, frente a otros delitos.

Dentro de las manifestaciones de la corrupción que afectan de forma específica a las mujeres, destaca la desigualdad a la que se enfrentan cuando quieren hacer valer sus derechos por medio del acceso a la ley: “la corrupción en los organismos judiciales y de investigación es particularmente perjudicial para las mujeres cuando, como víctimas de la discriminación y la violencia, tratan en vano de hacer valer sus derechos en el sistema judicial” (Schimmel y Pech, 2004:10). Delitos como la violencia doméstica, acoso sexual y abuso laboral, entre otros, son pocas veces condenados con el rigor que merecen, en ocasiones por negligencia de los organismos encargados y en otras porque los agresores pagan sobornos a policías y jueces para que detengan el proceso y así evitar el castigo (Nawaz, 2009).

Una forma de soborno muy practicada en varios países del mundo, y sin embargo poco denunciada, es la coacción sexual que la mujer padece en los sitios de trabajo o lugares de estudio. Lo peor de este tipo de hechos es que debido a la forma como ocurren —al interior de las empresas o en sitios reservados—, es algo que poco se visibiliza; adicionalmente, el temor y la vergüenza de las mujeres ante el desprestigio social y los conflictos familiares hace que esto no sea denunciado, permitiendo que los abusos continúen.

La trata es otro delito que afecta de forma particular a las mujeres. Tanto en los países de origen de las víctimas como en los lugares de tránsito y en los destinos donde las mujeres son vendidas para ejercer trabajos sexuales y esclavitud, el soborno a los funcionarios de todos los niveles por parte de grupos criminales para evitar una regulación efectiva y la ejecución de la ley es una práctica común que alienta esta agresión y pone en grave riesgo la integridad de esta parte de la población (Schimmel y Pech, 2004).

La pobreza extrema y la corrupción son características comunes de los Estados frágiles, con débiles democracias.  Las mujeres son particularmente golpeadas por la pobreza en estos contextos desde que son susceptibles de ser excluidos de la plena participación en los mercados de mano de obra o de crédito, ya sea por ley o en la práctica. La corrupción en estas circunstancias, por tanto, prohíbe la realización de los derechos básicos a la alimentación, a la salud, a la educación el vestido, la vivienda, la asistencia médica.

Un claro entendimiento de la conexión entre los actos de corrupción y los derechos humanos empoderaría a aquellos que legítimamente demandan todos sus derechos en relación con los actos de corrupción, y ayudaría al Estado, y a otras autoridades públicas, a respetar, proteger y cumplir con sus responsabilidades en derechos humanos en cada nivel de gobierno. Una perspectiva en derechos humanos requiere de los decisores de la política preguntarse cómo el diseño e implementación de programas anticorrupción afectará a aquellos que viven en marginación o en pobreza, sujetos a una discriminación social o vulnerables en muchos sentidos.

*Patricia es una defensora de los derechos de las mujeres en su país, directora del Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos (CEDEAL), organización miembro de REDLAD y de su Consejo Coordinador.  
**María Eugenia es una defensora boliviana de los derechos políticos de las mujeres, tiene un grado en economía con especialización a nivel de maestría en finanzas de la Universidad Católica Boliviana. Ha realizado diversos cursos y diplomados, tanto nacionales como internacionales, en las áreas de gestión del servicio público, promoción del desarrollo de la comunidad, participación, administración y planificación de proyectos municipales y género.