#DerechosBajoFuego El siguiente artículo está basado en el informe que alimentó la plataforma Monitor de CIVICUS para el periodo de noviembre de 2019 hasta el 14 de enero de 2020. Con este artículo se busca hacer un seguimiento a la situación de la libertad de asociación y de expresión en Nicaragua desde las denuncias echas por la sociedad civil en este país.
Los graves abusos de poder provenientes del poder ejecutivo contra opositores, activistas, líderes sociales y medios de comunicación siguen afectando la situación de derechos humanos en Nicaragua. Desde las protestas iniciadas en abril del 2018, Daniel Ortega ha tomado una posición de ataque, lo cual se puede ver evidenciado con la expulsión de dos misiones de investigación enviadas por la CIDH para evaluar las múltiples denuncias sobre violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos la ONU, Michelle Bachelet, se pronunció respecto a esta negativa por parte de Ortega y criticó severamente la expulsión del Mecanismo Especial para Nicaragua (MESENI) y el Grupo de Investigación Especial Interdisciplinaria (GIEI), las cuales fueron acusadas de falta de imparcialidad y objetividad. A esta alarmante situación, se le suma la anulación del estatuto jurídico de instituciones locales para la defensa de derechos y la ocupación de sus sedes.
La labor de defensa de derechos humanos se ha convertido en blanco de ataques por parte del gobierno pero también de partidarios del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quienes en varias ocasiones han liderado campañas de desprestigio y amedrentamiento contra críticos y activistas. Un ejemplo de esto ocurrió el 31 de diciembre de 2019, cuando personas afiliadas FSLN escribieron en las paredes de la casa de varias comunidades las palabras “Plomo”, “Fuera golpistas”, “Susi” y “Muerte a los tranqueros”. Estas amenazas parecen estar dirigidas a Susy Martínez, miembro de la Asociación de Mujeres Estelí Xilonem. Varias mujeres de la misma asociación dijeron haber sido víctimas de amenazas desde 2018 pero por temor se habían negado a denunciar. La organización IM-Defensoras repudió el incidente y pidió al gobierno que detuviera los ataques contra la Asociación Xilomen y garantizara la vida de Susy como de todas las personas defensoras de derechos humanos en el país.
Los grupos paramilitares también son unos de los autores de represión en este país. Por ejemplo, el 5 de enero, paramilitares armados intentaron secuestrar al hijo, Álvaro Antonio Báez Rodríguez y al sobrino, Andison Francisco Chávez Rodríguez, de la defensora de los derechos humanos Reyna Isabel Rodríguez Palacios, quien cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde septiembre del 2018. Ambos huyeron de sus atacantes a pesar de esto los paramilitares les dispararon y alcanzaron a herírlos en el talón y el cuero cabelludo. Los días 4 y 5 de enero, los ataques se intensificaron como represalias en su contra por ser elegida al Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
Mientras los líderes y líderesas son atacados y criminalizados, Daniel Ortega busca instrumentos legales para acabar con las protestas. El 16 de diciembre de 2019, el presidente Ortega una vez más sentenció a opositores y ciudadanos nicaragüenses advirtiendo que su gobierno no permitirá que el panorama de protestas que comenzó en abril de 2018 y desencadenó una crisis social volviera a ocurrir. Ortega afirmó tener instrumentos legales para evitar toda manifestación en su contra lo cual genera una atmósfera de incertidumbre frente a la libertad de reunión pacífica en este país, puesto que estas medidas tomadas pueden limitar y reprimir aún más las protestas una vez más como ha venido sucediendo en los últimos dos años.
Como se ha venido expresando, el ejecutivo junto a la fuerza pública y otros actores han generado un ambiente de violencia y represión violando los derechos de libertad de asociación, manifestación pacífica y también de expresión, esto se puede ver reflejado con los ataques de los que han sido víctimas los periodistas. El 12 de diciembre de 2019, los agentes de policía golpearon a los periodistas del Canal 12 Kastalia Zapata, Luis Alemán, el periodista del Boletín Ecológico, David Quintana y el fotoperiodista Oscar Navarro. Los comunicadores cubrían una manifestación de la población cuando un grupo de policías se les acercó, comenzó a empujarlos y golpearlos. Tres policías con la cara cubierta golpearon a Zapata y le robaron su teléfono celular. Los policías también trataron de quitarle la cámara a otro camarógrafo que estaba en su lugar pero al ver que no podían arrebatársela decidieron golpearlo y dañar su herramienta de trabajo.
Esta grave situación de ataques contra la prensa fue reafirmada por la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) quienes en su informe para los últimos tres meses de 2019 alertaron sobre las constantes denuncias de amenazas, obstrucción del trabajo perodístico, acoso y agresiones que representan sin lugar a dudas, violaciones a la libertad de prensa. Además el abuso de poder también ha generado que 39% de estos ataques sean dirigidos a mujeres periodistas, víctimas de violencia sexual expresada en chantaje, amenazas de violación, acoso, hostigamiento, ciberacecho, ciberacoso. Los autores de estos delitos son paramilitares, funcionarios públicos, parapolicías y fanáticos del partido de gobierno.