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El sábado primero de mayo 2021, se instaló la nueva Asamblea Legislativa en El Salvador, que cuenta con un control de más del 70% de los escaños por parte del partido Nuevas Ideas, del presidente Bukele, y su aliado GANA (Gran Alianza por la Unidad Nacional). En sus primeras horas de sesiones del recién instalado parlamento, se votó una propuesta de destitución de los magistrados (titulares y suplentes) de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La moción fue aceptada con el 74% de los votos posibles, a pesar de que el hecho no sólo viola la Constitución Política del país (art. 186), sino además es una afrenta al equilibrio de poderes que es fundamento básico de la estabilidad democrática y el estado de derecho, afectando la independencia judicial también establecida en la Constitución (Art. 172). Luego de que la Sala Constitucional declarara la inconstitucionalidad del acto, la Policía se tomó sus instalaciones.
Así mismo, a media noche, el Legislativo también destituyó al Fiscal General, Raúl Melara, cuyo periodo terminaba en enero del 2022.
En particular, cualquier violación a la independencia de las salas constitucionales del Poder Judicial es especialmente grave por lo que son éstas las que se encargan de velar por la exigibilidad del acuerdo constitucional de cada país, y por la protección de las ciudadanías y sus organizaciones de los abusos de poder del Ejecutivo.
Este es un peldaño más que se escala en El Salvador que ha vivido un deterioramiento progresivo de su sistema democrático, por el creciente poder del presidente en curso, que a su vez utiliza sus redes sociales para mediante discurso de odio, enfrentar a la ciudadanía y generar un estado de polarización que facilita sus acciones.
La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, Redlad, exige:
- A la comunidad internacional, repudiar de forma inmediata la situación de inestabilidad política del país, exigiendo medidas concretas para retomar el equilibrio de poderes en El Salvador.
- A la OEA y sus países miembros, hacer efectiva la Carta Democrática Interamericana por la situación presente en el país, como forma de atender la crisis y los resultados posibles de la misma.
- Al gobierno de El Salvador, que respete las acciones que la ciudadanía y la sociedad civil emprendan como ejercicios de repudio y resistencia, entendiendo que son libertades y derechos fundamentales la movilización ciudadana.
