El avance del coronavirus en América Latina ha sumido a la región en una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes, que dejó en evidencia la falta de planeación e inversión por parte de los gobiernos locales.

Desde Marzo, las cuarentenas han dado paso a aislamientos estrictos como la única fórmula para proteger los más de 630 millones de habitantes de la región. Los colegios y las universidades cerraron sus puertas por el riesgo de contagio que representan y esto ha llevado a que, según el Banco Mundial, cerca de 170 millones de niños y jóvenes se encuentren fuera de las aulas, aunque aún no hay cálculos exactos sobre qué porcentaje de esta población tiene acceso a la educación en medio de la pandemia.

Así mismo, la alta ocupación de los centros de salud por cuenta de los picos de contagio de la covid-19 ha generado que pacientes con otras enfermedades no puedan ser atendidos. Este es el caso de Honduras, cuyo sistema sanitario se encuentra al borde del colapso y no hay forma de acceder a oxígeno o una cama UCI en caso de presentar una emergencia médica, lo cual representa un riesgo para los pacientes no covid.

 Ya en medio de la crisis, los gobiernos se vieron obligados a conseguir equipos médicos para ampliar la capacidad de las Unidades de Cuidados Intensivos e intentar “apagar el incendio” que consume los países, no sin antes decretar prolongados aislamientos que han impactado negativamente la economía, el comercio y el empleo.

La CEPAL prevé que el PIB de la región caiga 9,1%, el peor registro en 100 años, como consecuencia del menor consumo, el cierre de locales comerciales y un aumento muy importante del desempleo, que podría llegar a más de 13,5% y generaría índices de pobreza de 37,5%, un aumento de 7,3 puntos porcentuales, frente a 2018.

Para mitigar el impacto en el bolsillo de los ciudadanos, varios gobiernos decidieron ofrecer  alivios de todo tipo:  nuevas líneas de crédito, ampliación de líneas existentes, alivios tributarios, menores tasas de interés, entre otros.

La carga fiscal ocasionada por el virus ha obligado a los estados a endeudarse para financiar programas sociales e incentivar la economía, a través de créditos en el extranjero y la emisión de deuda pública, lo cual acentúa aún más la deuda que, en algunos países, se acerca al 90% del PIB.

El Banco Mundial calcula que, por ejemplo, Brasil tendrá un incremento de 10,1% en su deuda externa, lo cual pondrá al país dirigido por Jair Bolsonaro como el más endeudado de la región, con una cifra del 85,9% del PIB.

Este mismo cálculo del Banco Mundial afirma que Colombia será el país de la región con menor variación en su deuda, con 2,2%.

Si bien esta medida tiene el objetivo de mitigar el impacto fiscal que asumieron las naciones, esto tendrá un impacto  sobre los derechos humanos a mediano y largo plazo, especialmente en países en vías de desarrollo, de acuerdo con un informe de Cephas Lumina para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH.

Este informe resalta que, dependiendo del manejo que cada país le dé al pago de sus deudas, el impacto será mayor o peor. Datos empíricos muestran que el pago de esta deuda no permite una mayor inversión en servicios sanitarios o de educación, por ejemplo. Ecuador, que en este momento se encuentra renegociando su deuda, llegó a pagar en 2004 US$3.700 millones en servicio de deuda, seis veces más que su gasto en salud. 

De acuerdo con este informe “los recursos disponibles se ven limitados —y la asignación de recursos socavada— por una amplia gama de factores, entre los que se incluye el cumplimiento de las obligaciones relativas al servicio de una deuda externa excesivamente onerosa”.

La situación actual deja preocupantes previsiones que ponen el foco en problemas que ya existían, pero se han visto exacerbados por la contingencia. Naciones Unidas calcula que este año, por cuenta del coronavirus, 10 millones de personas podrían caer en la pobreza y el hambre en América Latina y el Caribe y 14 millones de personas serían vulnerables a estos flagelos. A modo de comparación, en 2019 se calculaba que 3,4 millones de personas se enfrentaban a problemas graves de seguridad alimentaria. Este panorama, de acuerdo con la ONU,  será particularmente difícil para los migrantes venezolanos y el Corredor Seco de América Central.

Por si eso no fuera bastante, la desescolarización por problemas de conectividad en las zonas rurales será otra consecuencia indeseada de la covid-19. En América Latina y el Caribe hay 170 millones de niños y jóvenes que se encuentran en casa. Un estudio de la Cepal halló que, en promedio, la brecha digital entre las zonas rurales y urbanas de la región es de 27%, lo que permite vislumbrar que en las primeras el acceso a la educación es precario y lo será aún más pasada la contingencia sanitaria.

Esto genera preocupación entre los expertos, dada la alta propensión que tiene la región hacia  la pobreza, el hambre, los problemas de acceso a la educación o a los servicios públicos, que se pueden ver afectados por el aumento de la deuda soberana.

A estos factores se suman la deuda fiscal, la informalidad laboral, la poca inversión en conectividad y en servicios públicos, entre otros aspectos, que además verán reducidos sus recursos en los próximos años y posiblemente reversarán los avances hechos en estos sectores durante las últimas décadas.

De acuerdo con  el informe de la ACNUDH, uno de los principios rectores de la deuda soberana es garantizar la primacía de estos derechos, por tanto, el endeudamiento adicional que están adquiriendo los Estados debería mejorar o, mínimo, mantener las condiciones actuales de sus ciudadanos.

Para las naciones implicará una fuerte reestructuración de sus finanzas; sin embargo, se debe priorizar la atención a los ciudadanos y no perder el avance en Derechos Humanos que se venía dando en las últimas décadas. Una labor que no será fácil, aunque es fundamental.