330 organizaciones envían carta a Misiones de la OEA
En un hecho contundente 13 coaliciones ante la Organización de Estados Americanos (OEA), integradas por 330 organizaciones, envían una carta a todas las Misiones Permanentes de los países de América Latina, en la que se pide cumplir con varios acuerdos y mandatos contemplados en el ordenamiento interamericano. Consulte la carta en este enlace.
Un año de descontento social y protestas
Está terminando esta segunda década del siglo XXI con muchas convulsiones para nuestra región. La América Latina de finales de 2019 no es la misma que recibía el nuevo milenio y, mucho menos, aquella que durante su primera década experimentó una serie de cambios políticos que le dieron un protagonismo inusitado a las izquierdas en el poder. Hoy ese bloque casi hegemónico de “los alternativos”, como alguna vez se les nombró a los gobiernos que conquistaron la presidencia en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, ya no existe. Los partidos orientados ideológicamente más a la derecha han logrado recuperar el terreno perdido y la izquierda se ha visto desprestigiada por el populismo, la corrupción y cierta violencia política. Sin embargo, no quiere decir que la región haya dado un viraje total a la derecha. En lo absoluto. Hoy en México y Argentina, dos grandes de América Latina, tienen de nuevo gobiernos que son todavía un eco de eso que sucedió a principios de siglo. Todo ese revolcón político y transformación del ajedrez del poder hizo también que surgieran nuevas ciudadanías y movilizaciones que antes no eran tan protagonistas. Ciudadanías que hoy reclaman con más fuerza la deuda social que sigue sin saldarse. Hoy vivimos tensiones y crisis sociales, políticas y económicas que ni siquiera aquellos alternativos pudieron resolver de manera estructural. Este 2019 es un gran ejemplo de eso. Hay una especie de crisis del modelo económico y político (cualquiera sea el que impere) que nos hace recordar que seguimos siendo países con un precario camino al desarrollo. Brasil, a pesar de haber reducido casi a la mitad la pobreza y haber garantizado derechos fundamentales a millones que antes estaban relegados, hoy vive en una crisis profunda que toca sus instituciones, sus liderazgos políticos y su otrora robusta economía. Por su parte, Argentina vivió todo este año con el fantasma de un nuevo corralito, de un nuevo 2001, una creciente inflación. Bolivia nuevamente tiene un vacío de poder enorme con un presidente derrocado y una mandataria interina. Y, quizá, uno de los sucesos que más shock ha producido en la región: el derrumbe del mito del milagro chileno. Todos esos son apenas ejemplos que se suman a las grandes movilizaciones que emergieron también en Ecuador, Colombia y Haití. La sociedad civil ya no está dispuesta a callarse, a conformarse con las explicaciones de siempre. No importa cual sea el color o ideología política que esté gobernando. A la par, hay una grave disminución del espacio cívico, como lo evidencia el más reciente informe de CIVICUS, y hay una mayor oleada de movilización social que reta al poder y sus instituciones. Movilizaciones que no están dispuestas a abandonar las calles. Por lo anterior, este 2019 debe ser recordado como el año de la movilización y la protesta social, que no sólo pasa por las tradicionales consignas en materia de salud, educación y empleo, sino que ha sabido incluir nuevos temas como el cuidado del medio ambiente, el cambio climático y las violencias de género. Recordemos que, por ejemplo, el activismo ambiental es uno de los más amenazados en el mundo y los feminicidios en América Latina y el Caribe cada vez más van en aumento, como lo señalan recientes informes de la CEPAL y ONU Mujeres. Como Foro Ciudadano de las Américas y Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD), alentamos todas estas manifestaciones ciudadanas de protesta. Aplaudimos que más y más personas se apropien del espacio público para ejercer y reclamar sus derechos. Por eso hacemos un llamado a los gobiernos de todo el continente a respetar las movilizaciones; cesar la represión policial tan dura, que en casi todos los países ha dejado heridos y víctimas fatales y a privilegiar el diálogo. Escuchar, conversar y negociar es el único camino posible para construir soluciones conjuntas a los problemas que nos aquejan como sociedad.
Un enemigo silencioso de los derechos humanos: la corrupción
Foto: Edgard Garrido / Reuters Como sociedad apenas estamos haciendo conciencia de que la vulneración o violación a los derechos humanos no sólo se debe a la disminución del espacio cívico, al ataque de sus libertades. Hay más factores que contribuyen a su deterioro, siendo uno de los más graves el cáncer que carcome los presupuestos públicos y la ética de los funcionarios de nuestros Estados: la corrupción. Un enemigo silencioso que, a primera vista, parece no crear vulneración de derechos cuidadanos, pero que es casi tan fatal como la violencia. En América Latina y el Caribe la corrupción y los modelos económico inequitativos, son las principales causas de la pobreza. Ésta se refleja en pocas oportunidades de educación para jóvenes, niños y niñas; un sistema de salud público deficiente, cuyos hospitales en varios países son la muerte misma para muchos, etcétera. Por lo anterior, desde hace un par de años, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) viene enfocando parte de su trabajo en analizar y denunciar cómo la corrupción y sus prácticas carcomen nuestros derechos. A través del proyecto PASCA, de donde nació el Foro Ciudadano de las Américas, coordina un monitoreo de los mandatos o compromisos emanados de las últimas dos Cumbres de las Américas. Sobre todo, de la hecha en Lima en el año 2018, cuyo tema central era “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. Asimismo, hemos avanzado este año en la convocatoria pública para la construcción de un observatorio ciudadano contra la corrupción. Es imperativo recordar que la corrupción no es un fenómeno exclusivo del sector público. La corrupción atraviesa casi todos nuestros ámbitos como sociedad y como tal debe ser el compromiso para combatirla. Para hoy 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción quisiéramos recordar algunos contenidos que hemos publicado sobre el tema: ¿Cuánto afecta el fenómeno de la corrupción por patrones de género? La corrupción como violación de los derechos humanos de la mujer ¿Qué dijo REDLAD en la Cumbre? REDLAD en la 48ª Asamblea General de la OEA Finalmente, queremos invitar a todas las ciudadanías de la región a que se involucren más en los asuntos públicos de sus países, sólo así podemos empezar a derrotar a la corrupción: con más participación ciudadana y control social. La política también es asunto nuestro. La incidencia ciudadana puede transformar muchas cosas y revitaliza la democracia. Recordemos siempre que el Estado y sus funcionarios son empleados de la ciudadanía y tenemos derecho a pedir cuentas sobre sus acciones. Toda vez que el flagelo de la corrupción pulula en todos los sectores, su combate debe ser integral; todos los sectores debemos aunar esfuerzos para combatirlo. A mayor corrupción mayor pobreza; a mayor corrupción más débil nuestra institucionalidad. Requerimos de un cambio de cultura, hacia una cultura de legalidad e integridad; y eso solo se logra mediante la educación y la promoción de nuevos liderazgos basados en valores, orientados en principios. La tarea es ardua, los resultados no se verán de la noche a la mañana, pero es vital que acometamos la tarea con mucho compromiso y responsabilidad. Hoy día que celebramos un año más del Día Internacional contra la Corrupción, debemos redoblar esfuerzos y echar manos a la obra; en este esfuerzo que debe ser de todos los sectores, para combatir el flagelo en forma integral.
Personas defensoras de derechos humanos en peligro
América Latina ocupa el lamentable primer lugar como la región más peligrosa para que las personas defensoras de derechos humanos ejerzan su trabajo. El papel de quienes defienden los derechos humanos es importante para la construcción y consolidación de la democracia y Estado de derecho ya que son ellos quienes ayudan a denunciar las violaciones de los derechos y a su vez promueven propuestas para que se garanticen efectivamente los derechos humanos de todas las personas. Sin embargo la criminalización de esta labor sigue latente en esta región, los activistas continúan enfrentando un ambiente de hostilidad y un panorama sombrío, los ataques contra estas personas tiene impactos negativos en diferentes esferas como la individual, familiar y comunitaria que termina produciendo un silencio y que las personas deserten de este trabajo. El ambiente hostil compuesto por asesinatos e intimidaciones ha ido en aumento, en su mayoría las principales víctimas son defensores del medio ambiente, abogados y periodistas. En el siguiente informe se desea mostrar un resumen detallado sobre los marcos legales de los últimos cinco años que afectan y favorecen la labor de defensa de derechos, como también la situación actual con desafíos y principales temas que dificultan el trabajo de estas personas en países como Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Este informe también es un insumo al trabajo en red que venimos haciendo en Monitor CIVICUS y los reportes que anualmente hace la propia plataforma de sociedad civil de CIVICUS. Consultar y descargar el informe haciendo clic acá. Consultar y descargar informe “People Under Attack 2019”
ALERTA Bolivia: crisis política y caos institucional
Este fin de semana, luego de varios días después de las elecciones presidenciales y de que el ahora expresidente Evo Morales accediera a celebrar nuevas votaciones, se precipitó el domingo en la noche su renuncia después de las intensas presiones de varios sectores sociales y políticos y de la intervención de los comandantes de las fuerzas militares y de policía. Asimismo, se dio la renuncia del vicepresidente Álvaro García Linera, de las cabezas de las cámaras de senadores y de diputados y de varios ministros del gabinete, lo cual tiene al país al borde del caos institucional sin saber quién es exactamente la persona que debe llevar las riendas del Estado, por lo menos hasta que no se celebren nuevos comicios electorales. Nuestra posición como plataforma de organizaciones, líderes sociales y activistas de la región ha sido muy clara desde el principio: rechazo absoluto a la pretensión del exmandatario Morales de perpetuarse en el poder, desconociendo los resultados del referendo de 2016 y manipulando al Tribunal Constitucional para que le diera vía libre a su cuarto mandato. Asimismo, rechazo a los intentos de fraude electoral en las pasadas elecciones. Igualmente, desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) repudiamos cualquier uso de la fuerza y la violencia, venga de donde venga, ya sea de sectores estatales como agentes externos a los movimientos sociales como fórmula para solucionar los problemas que enfrenta el país. Por lo tanto, las vías para encausar de nuevo a Bolivia en el orden institucional y social deben estar estrictamente bajo la Constitución del Estado. Las fuerzas militares y policiales deben estar al margen de cualquier intervención en el debate político y, más bien, supeditadas siempre al poder civil y legal. Su sugerencia de renuncia al expresidente Evo Morales fue totalmente inconveniente para la estabilidad política del país que hoy se lee como un golpe de Estado por buena parte de la sociedad boliviana y comunidad internacional. Su accionar debe regirse al respeto por los derechos humanos de la ciudadanía y de las leyes internas. Desde REDLAD: Instamos a los partidos políticos bolivianos, con asiento en el legislativo, llegar a un acuerdo político fundamental para celebrar cuanto antes elecciones con todas las garantías. Solicitamos a la clase política boliviana dejar a un lado los discursos incendiarios y racistas que sólo están causando violencia política y la profundización de la crisis. Exhortamos a la comunidad internacional para mediar en la crisis política del país vigilando el proceso electoral en ciernes. Exigimos a las autoridades de seguridad de Bolivia garantizar los derechos humanos e integridad física de los funcionarios y funcionarias que hacían parte del gobierno de Evo Morales, así como de los dirigentes políticos locales del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Nuestra agenda en Quito
Durante los próximos días estaremos participando en la Tercera edición del Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En Quito harán presencia nuestra Directora Ejecutiva, Gina Romero, así como aliados y miembros de nuestra red y nuestros proyectos. Asimismo estarán miembros del Foro Ciudadano de las Américas de las zonas Andina y Cono Sur, del cual Redlad es la secretaría técnica. Los siguientes son eventos públicos que destacamos: 6 de noviembre: Desafíos de la libertad religiosa en América Latina: perspectivas socio-políticas y legales Lugar: Torre I, auditorio 4 (2pm – 4pm) 6 de noviembre: Corrupción y Derechos Humanos Lugar: Torre I, auditorio 3 (4pm – 6pm) 12 de noviembre: Foro Derechos económicos y derechos de los Pueblos Indígenas (9am – 1pm) – Lugar por confirmar. Ver agenda completa de la “Tercera edición del Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”
Bolivia: ¿fraude a la democracia?
Foto: AFP El pasado domingo 20 de octubre la ciudadanía boliviana concurrió masivamente y de manera pacífica a las urnas para elegir su próximo presidente, cuyos candidatos que disputan la elección son el actual presidente Evo Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS), y el expresidente Carlos Mesa, de la coalición Comunidad Ciudadana. Las elecciones fueron desarrolladas en un panorama altamente complejo, puesto que la candidatura del oficialismo se da luego de que en 2016 se votó un referendo constitucional que pretendía modificar la Constitución Política en su artículo 168, permitiendo la reelección consecutiva de presidente y vicepresidente por dos veces consecutivas, en lugar de una como estaba inicialmente planteado. En esa ocasión el pueblo boliviano votó NO a la reforma constitucional. No obstante, en 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional – SCP 084/2017, habilitó la reelección indefinida, fallo que recibió críticas profundas en Bolivia y en la región. En el marco de los antecedentes citados, el domingo 20 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo Electoral suspendió por más de 20 horas la transmisión de actas a partir de las 19:40 momento en el que el escenario de resultados abría la posibilidad de una segunda vuelta, tendencia que coincidía con los datos de la empresa acreditada para el conteo rápido y los datos estadísticos de la misión de observación electoral de la OEA, como establece su comunicado de fecha 21 de octubre de 2019. No obstante, el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) suspendió dicha transmisión durante un día y en la noche del lunes 21, con el 95% de los votos escrutados, los datos arrojaban a Evo Morales como ganador en primera vuelta. Esta decisión generó desconfianza en la labor del Órgano Electoral Plurinacional y desató un conjunto de actos de repudio de la población que se volcó a las calles para exigir respeto por su voto y garantías electorales para el conteo de los mismos. Asimismo, la Misión de Observación Electoral de la OEA en Bolivia se ha mostrado, desde la noche del domingo, preocupada por cómo se han desarrollado las elecciones en el país suramericano. “Ha sido notorio el uso de recursos públicos durante la campaña. (…) A las 20.10 de ayer, el TSE dejó de divulgar resultados preliminares, por decisión del pleno, con más del 80% de las actas escrutadas. 24 horas después, el TSE presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral”. Por su parte, la misión de observación de la Unión Europea emitió un pronunciamiento público exhortando a fortalecer la transparencia del proceso electoral. Durante este viernes 25 de octubre las autoridades electorales confirmaban un triunfo del presidente Evo Morales con el 99,99% de los votos escrutados, algo que ha generado rechazo de parte la Comunidad Internacional por las evidentes dudas que han generado denuncias de fraude por parte un sector amplio de la sociedad civil y de partidos y movimientos políticos de oposición. Por lo anterior, desde la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD): Exhortamos al gobierno de Bolivia y al Tribunal Supremo Electoral a fortalecer la transparencia y publicidad en el proceso y brindar todas las garantías para un reconteo de votos en el que se respete la decisión del soberano en las urnas. Instamos a la sociedad civil boliviana a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica. Demandamos a la dirigencia política y sus partidos y movimientos convocar a la protesta pacífica para no provocar desmanes que luego lamentaremos. Solicitamos a la OEA y demás misiones de observación electoral seguir vigilantes del proceso electoral y denunciar cualquier tipo de irregularidad que vulnere el derecho al voto de las personas.
Juicios políticos y la defensa de la democracia
De entrada, es fundamental decir que el juicio político es, de cierta manera, una garantía dentro del sistema de pesos y contra pesos que todo Estado debe contemplar. Actualmente es una institución, atributo del régimen presidencial, destinada a hacer efectiva la responsabilidad política de funcionarios públicos, específicamente del ejecutivo, ya que son éstos quienes ostentan el gobierno de un país. Su principal efecto es la destitución inmediata. En pocas palabras, el juicio político o impeachment es una herramienta de accountability que pretende prevenir, impedir o castigar abusos o excesos del poder. Sin embargo, es susceptible de ser usado de manera indebida en democracias poco maduras o débiles como las nuestras en América Latina, donde los sistemas políticos son altamente presidencialistas y con tendencia al caudillismo. En las últimas semanas en dos países de nuestro continente el fantasma del juicio político o impeachment ha estado en ciernes de dos presidentes. Por un lado, está el anuncio que ha hecho la congresista demócrata Nancy Pelosi sobre el inicio de investigaciones al presidente republicano Donald Trump por presuntamente haberle pedido al presidente de Ucrania que investigara al precandidato y exvicepresidente Joe Biden y a su hijo. Cosa que para Pelosi es una clara intervención indebida en la campaña presidencial que se avecina. Por otro lado, está el presidente Martín Vizcarra quien la semana pasada decidió disolver el Congreso peruano, de mayoría fujimorista, ya que para el mandatario el proceso de elección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional es poco transparente, por lo cual Vizcarra previamente les había solicitado modificarlo, pero el legislativo se negó. Al disolver el Congreso, Vizcarra ha convocado a nuevas elecciones y ha afirmado que espera que “esta medida excepcional permita que la ciudadanía finalmente se exprese y defina en las urnas y mediante su participación el futuro de nuestro país”. El panorama de juicios políticos y de peleas entre el ejecutivo y el legislativo no es nuevo en el continente. Tenemos varios ejemplos en nuestra historia reciente que nos deben precipitar una reflexión sobre dicha figura, puesto que si bien existe como instrumento democrático también es cierto que muchas veces ha sido usado como forma expedita de remover contradictores políticos. Los ejemplos más recientes son el juicio político que se le hizo a Dilma Rousseff en 2016 en Brasil y el de Fernando Lugo en 2012 en Paraguay. Ambos estuvieron llenos de polémicas porque fueron leídos por buena parte de la opinión pública como una forma ilegítima de sacarlos del sillón presidencial. Ambos casos deben verse de manera cuidadosa por la complejidad de las crisis políticas que vivían dichos países en esos momentos. Llevar a cabo un juicio político es una gran responsabilidad política, valga la redundancia, porque de cierta forma se juega el futuro de un país y genera incertidumbre en todos los ámbitos públicos de un Estado. Por lo tanto, exige que nuestro sistema sea lo suficientemente serio, maduro y democrático para que no se convierta en el culmen de una vendetta. Como sociedad civil debemos resguardar y proteger la figura del juicio político porque, como se dijo anteriormente, ayuda a evitar o castigar abusos de los poderosos, pero también debemos ejercer vigilancia detallada y constante si se llegara a producir. No hay que olvidar que quien ejecuta un impeachment también son políticos con intereses particulares y/o partidarios. Sobre el tema recomendamos este podcast sobre el impeachment: Buceando en el naufragio.
Conversemos sobre el derecho a migrar
Durante los días 16 y jueves 17 de octubre en San José de Costa Rica se llevó a cabo un importante foro acerca de un fenómeno que en los últimos años se ha intensificado en nuestra región, sobre todo por distintos hechos políticos y económicos. Pusimos en discusión la migración en América Latina. Migrar es un derecho reconocido por múltiples pactos y normativas internacionales y como sociedad civil lo defendemos y mucho más cuando se trata por causas humanitarias. Por eso, junto con la Fundación para la Paz y la Democracia (FUNPADEM) de Costa Rica, miembro de Redlad, desarrollamos el Foro Fenómenos de la migración en América Latina: un motor para el desarrollo. Nuestro propósito fue hablar sobre los flujos migratorios y la atención diferencial. Lo hicimos de la mano de expertos y expertas, así como de funcionarios públicos de Costa Rica y de organizaciones de sociedad civil de América Latina. Tratamos cada uno de los temas con distintos enfoques diferenciales que nos hicieron sopesar y comprender la complejidad de la migración, de sus flujos y de sus causas. Agradecemos mucho al Ministerio de Gobernación y Policía y al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica por apoyar este importante foro, el cual empezó el miércoles 16 de octubre en el Hotel Holiday Inn San José – Aurola desde las 8:30 am y terminó el jueves 17 en horas de la tarde. Allí también hizo presencia nuestro coordinador general, Enrique de Obarrio, y nuestra directora ejecutiva, Gina Romero. Les invitamos a consultar el programa completo en este link y los videos de las transmisiones: Día 1 – Primera parte: Instalación del foro Día 1 – Segunda parte Día 1 – Tercera parte Día 2 – Primera parte Día 2 – Segunda parte Día 2 – Tercera parte Día 2 – Parte final y cierre del foro En video: resumen del Foro Fenómenos de la migración en América Latina: un motor para el desarrollo
Herramienta de autouso para empresas y organizaciones comprometidas con la igualdad
ONU Mujeres desarrolló una herramienta de autoevaluación conocida como Diagnóstico de Igualdad de Remuneración (DIR) con el fin de ayudar a organizaciones a evaluar si están remunerando adecuadamente a hombres y mujeres. Esto se basa en el principio de igual trabajo, igual remuneración. La herramienta fue desarrollada con la asesoría de ENRED y el apoyo de la Unión Europea. Este instrumento busca contribuir a cumplir los compromisos de la Champion Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial (EPIC por sus siglas en inglés). Además contribuye a atacar la brecha salarial dando la oportunidad de descubrir los fallos y de tal forma dar una posible solución. Esto se da en un contexto en el que, de acuerdo con Organización Internacional del Trabajo en su Oficina Regional para América Latina y el Caribe, la brecha salarial es de un 12.4% en Costa Rica, 16.3% en México, 17.5% en Perú y 17% en Uruguay (promedios ponderados para 2016). Por esta razón, el DIR tiene gran relevancia en este momento. La herramienta contiene: un archivo Excel para introducir los datos y obtener los cálculos y los gráficos; un manual de instrucciones y un modelo de una organización ficticia a modo de ejemplo. Esta puede ser usada por cualquier empresa, organización u otras que tengan una plantilla de trabajadores. Para mayor información y descargar el DIR, diríjase a este enlace.